Una
organización no es anarquista porque lo afirmen sus estatutos. No es
federalista porque celebre congresos. No es horizontal porque sus
dirigentes se llamen secretarios. No practica la acción directa
porque la invoque en sus comunicados.
Una
organización es aquello que hace.
Sus
principios no son las palabras que repite cuando todo resulta
sencillo, sino los límites que se niega a cruzar cuando respetarlos
deja de ser cómodo o eficaz.
Por
eso debemos analizar lo ocurrido en la CNT atendiendo a sus prácticas
y no solamente a sus declaraciones.
Una
historia que ya habíamos vivido
La
crisis actual no puede explicarse como la ruptura entre dos
organizaciones equivalentes llamadas CNT-CIT y CNT-AIT. Esa
explicación oculta la continuidad histórica del problema.
La
CNT reconstruida durante la Transición ya sufrió una profunda
división en su V Congreso de 1979. Entonces se enfrentaron dos
concepciones del sindicalismo.
Una
defendía la acción directa, las secciones sindicales, la autonomía
de los sindicatos y el rechazo de las elecciones sindicales y los
comités de empresa. La otra proponía flexibilizar esas posiciones
para intervenir con mayor eficacia en la nueva realidad laboral
surgida tras el franquismo.
El
argumento era perfectamente reconocible: había que modernizarse,
crecer, aumentar la implantación y dejar atrás ciertas rigideces
ideológicas.
De
aquella escisión surgió la denominada CNT Renovada, posteriormente
reunificada con otros sectores y finalmente convertida en CGT después
de perder judicialmente el derecho a utilizar las siglas CNT.
La
organización que conservó las siglas fue la CNT-AIT. La que
afirmaba haber rechazado la adaptación institucional, la
participación en elecciones sindicales y la transformación del
anarcosindicalismo en un sindicalismo representativo más.
Parecía
que el debate había quedado resuelto.
Pero
décadas después volvió a aparecer la misma lógica dentro de la
organización que había sobrevivido a aquella escisión.
No
regresó exactamente con las elecciones sindicales. No reapareció
inmediatamente bajo la forma de subvenciones o liberados. Llegó
nuevamente hablando de eficacia, implantación, crecimiento,
especialización y modernización.
Cambió
el camino, pero no la dirección.
De
la militancia a la profesionalización
La
burocratización no comienza necesariamente cuando una organización
recibe subvenciones del Estado o participa en elecciones sindicales.
Comienza
cuando las funciones que debería asumir y controlar la militancia se
trasladan a estructuras especializadas y permanentes.
Comienza
cuando aparecen gabinetes técnicos que acumulan conocimientos e
información inaccesibles para la mayoría. Cuando se contrata
personal para realizar tareas orgánicas. Cuando la organización
depende cada vez más de abogados, economistas, técnicos y
especialistas. Cuando quienes administran los recursos adquieren una
influencia política superior a la de quienes solamente acuden a su
sindicato y participan en su asamblea.
Puede
afirmarse que ese personal no está liberado por ninguna empresa.
Puede insistirse en que su salario procede de las cuotas. Pero el
problema de la profesionalización no desaparece por cambiar el
origen del dinero.
Una
persona liberada por una empresa y una persona contratada por el
propio sindicato no son jurídicamente lo mismo. Sin embargo, ambas
situaciones pueden producir una separación entre quienes viven
diariamente la explotación laboral y quienes convierten la actividad
sindical en una ocupación profesional.
El
problema no es que una persona cobre por realizar un trabajo. El
problema aparece cuando la organización comienza a depender de esa
capa técnica; cuando el conocimiento deja de compartirse; cuando las
tareas dejan de rotar y cuando quienes deberían proporcionar
herramientas terminan determinando la orientación sindical.
La
militancia se convierte entonces en usuaria de unos servicios
gestionados por especialistas.
El
sindicato deja progresivamente de ser una organización de
trabajadores que resuelven directamente sus problemas y comienza a
comportarse como una estructura que presta asesoramiento, cobertura
jurídica y representación.
Puede
continuar llamándose anarcosindicalismo. Pero sus relaciones
internas ya han comenzado a cambiar.
Cuando
los comités dejan de coordinar
En
el federalismo libertario los comités no gobiernan.
No
poseen una voluntad política propia. No están por encima de los
sindicatos. No interpretan libremente sus acuerdos ni deciden qué
resulta conveniente para el conjunto. Reciben mandatos concretos, los
ejecutan y responden ante quienes los han delegado.
La
Confederación no es una estructura superior a los sindicatos. Existe
porque los sindicatos deciden federarse y solamente puede actuar
dentro de los límites que estos establecen.
Cuando
un comité comienza a dirigir en lugar de coordinar, aparece el
centralismo.
Cuando
los acuerdos generales se utilizan para anular la autonomía de los
sindicatos, aparece el centralismo.
Cuando
una mayoría puede decidir no solamente qué hará conjuntamente la
organización, sino también quién merece seguir perteneciendo a
ella, aparece el centralismo.
Cuando
la discrepancia se presenta como indisciplina y el cumplimiento de
los acuerdos se convierte en obediencia, aparece el centralismo.
No
importa que los cargos sean elegidos, que las decisiones se adopten
en un congreso o que todo el procedimiento se ajuste formalmente a
unos estatutos. También los gobiernos celebran votaciones y también
los partidos autoritarios aprueban sus decisiones mediante congresos.
La
mayoría es un procedimiento para alcanzar determinados acuerdos. No
es una autoridad moral ni una fuente automática de verdad.
Una
injusticia no deja de serlo porque haya sido votada. Una jerarquía
no se vuelve libertaria porque haya sido elegida. Y el centralismo no
se convierte en federalismo porque la orden haya sido aprobada por
mayoría.
Las
palabras son anarquistas; las prácticas, cada vez menos
La
CNT-CIT continúa definiéndose como anarcosindicalista. Proclama su
federalismo, su horizontalidad y su rechazo de las elecciones
sindicales, las subvenciones y los liberados.
Pero
no basta con pronunciar los principios. Hay que practicarlos.
Se
puede hablar de federalismo mientras se somete a los sindicatos al
aparato confederal.
Se
puede defender la horizontalidad mientras la información, los
recursos y la capacidad técnica se concentran en pocas manos.
Se
puede rechazar a los liberados mientras se normaliza el personal
contratado para desempeñar funciones permanentes.
Se
puede invocar la acción directa mientras se entrega a los tribunales
del Estado la resolución de los conflictos internos.
Se
puede proclamar la autonomía sindical mientras se expulsa o
desfedera a quienes se niegan a seguir la orientación de la mayoría.
Por
eso la discusión sobre si la actual CNT es marxista resulta
secundaria.
No
sabemos si sus responsables se consideran marxistas. Probablemente lo
negarían y mostrarían unos estatutos llenos de referencias al
anarcosindicalismo y al comunismo libertario.
Pero
una organización no se define solamente por los autores que cita.
También se define por la lógica mediante la que funciona.
Cuando
la mayoría se convierte en autoridad; cuando los acuerdos centrales
disciplinan a las partes; cuando los comités adquieren capacidad
política propia y cuando la disidencia debe someterse o desaparecer,
se está aplicando una lógica semejante al centralismo democrático.
No
han sustituido oficialmente a Bakunin por Marx. Han hecho algo mucho
más contradictorio: conservar el lenguaje de Bakunin mientras
incorporaban unas prácticas organizativas que Bakunin combatió
durante toda su vida.
Las
palabras continúan siendo anarquistas.
Las
acciones dicen otra cosa.
De
la discrepancia a la expulsión
Los
sindicatos que rechazaron esa evolución no abandonaron simplemente
la organización para construir un proyecto diferente.
Muchos
fueron expulsados, desfederados o empujados fuera. Su oposición dejó
de considerarse una discrepancia legítima y comenzó a presentarse
como un obstáculo para el funcionamiento, el crecimiento y la
eficacia de la Confederación.
El
mecanismo fue el mismo que aparece una y otra vez en los movimientos
que se burocratizan.
Primero
se identifica a la disidencia como un problema.
Después
se afirma que esa minoría incumple los acuerdos adoptados por la
mayoría.
Finalmente
se concluye que, si no acepta la línea mayoritaria, ya no puede
formar parte de la organización.
La
mayoría deja así de decidir qué camino quiere seguir y pasa a
decidir quién tiene derecho a existir.
Eso
no es federalismo.
El
federalismo no exige uniformidad. No convierte cada acuerdo común en
una orden que anula la autonomía de las partes. No utiliza a la
mayoría para destruir a la minoría. Busca fórmulas de coordinación
allí donde existe voluntad compartida y reconoce la autonomía allí
donde no existe.
Una
organización libertaria no debería temer la diversidad de sus
sindicatos. Debería temer mucho más la capacidad de su aparato para
uniformarlos.
El
abandono de la AIT
La
misma organización que durante décadas había construido parte de
su identidad alrededor de su pertenencia a la Asociación
Internacional de los Trabajadores decidió romper con ella e impulsar
una nueva Internacional: la CIT.
Sus
defensores presentaron la decisión como una refundación necesaria.
Argumentaron que la AIT ya no era útil, que organizaciones
numéricamente pequeñas impedían avanzar y que era necesario crear
una herramienta internacional más efectiva.
Otra
vez aparecieron las mismas palabras: eficacia, crecimiento,
representatividad y adaptación a la realidad.
La
cuestión no es negar que la AIT pudiera tener problemas. Toda
organización los tiene. La cuestión es cómo se responde ante
ellos.
Se
podía trabajar desde dentro para corregirlos, respetando la
autonomía y los mecanismos federales. O se podía considerar que las
organizaciones más grandes, por reunir a más afiliados, poseían
una legitimidad superior para marcar el rumbo.
Se
eligió lo segundo.
La
fuerza numérica volvió a presentarse como razón política. Las
organizaciones pequeñas fueron tratadas como una rémora y la
mayoría cuantitativa se arrogó el derecho a reconstruir el espacio
internacional conforme a sus propias necesidades.
Eso
no supera el centralismo. Lo reproduce a otra escala.
La
paradoja de los tribunales
La
contradicción alcanzó su expresión más clara cuando el conflicto
sobre las siglas llegó a los tribunales.
La
continuidad jurídica de la CNT que en los años ochenta había
acudido a la justicia para impedir que el sector posteriormente
denominado CGT utilizara su nombre recurrió décadas después al
mismo Estado para impedir que los sindicatos vinculados a la AIT
continuaran utilizándolo.
En
el primer conflicto, la CNT-AIT argumentaba que quienes habían
adoptado otro modelo sindical no podían conservar las siglas
históricas.
En
el segundo, la estructura que abandonó la AIT conservó la
personalidad jurídica y utilizó esa continuidad legal para reclamar
en exclusiva el nombre frente a quienes permanecieron en la
Internacional histórica.
El
Estado terminó decidiendo quién podía llamarse CNT.
Una
sentencia puede determinar quién posee jurídicamente una marca.
Puede prohibir unas siglas, ordenar la retirada de un emblema o
reconocer la personalidad legal de una organización.
Lo
que ningún juez puede determinar es quién conserva la coherencia
anarcosindicalista.
La
legitimidad revolucionaria no se inscribe en un registro de marcas.
No la concede un tribunal. No depende de quién conserva una sede, un
patrimonio o una personalidad jurídica.
Se
demuestra en la práctica.
Y
existe una contradicción imposible de ocultar cuando una
organización que proclama la acción directa necesita recurrir a la
autoridad del Estado para que este elimine el nombre de sus antiguos
compañeros.
Se
puede ganar un juicio y perder políticamente.
Se
pueden conservar las siglas y abandonar aquello que significaban.
El
mismo camino, con diferentes pasos
La
actual CNT-CIT no es idéntica a la CGT. Afirmarlo sería
históricamente falso y políticamente torpe.
La
CGT participa en elecciones sindicales, forma parte de comités de
empresa y utiliza derechos derivados de la representación
institucional. La CNT-CIT continúa rechazando formalmente ese
modelo.
Pero
ambas transformaciones nacen de una lógica semejante: la idea de que
el anarcosindicalismo debe adaptarse para resultar más eficaz dentro
del capitalismo.
En
1979 esa adaptación conducía hacia las elecciones sindicales.
Décadas
después se manifestó mediante la profesionalización, los gabinetes
técnicos, la concentración de recursos, el fortalecimiento del
aparato confederal y una concepción disciplinaria de los acuerdos.
No
son los mismos pasos, pero el camino comienza en el mismo lugar:
considerar los principios como obstáculos que pueden reinterpretarse
cuando dificultan el crecimiento.
La
CGT no apareció de un día para otro completamente integrada en el
modelo sindical institucional. Fue el resultado de un proceso
gradual, justificado mediante necesidades prácticas y decisiones
aparentemente razonables.
Ninguna
burocracia nace proclamando su intención de convertirse en
burocracia.
Por
eso no debemos esperar a que la CNT-CIT participe en elecciones
sindicales o reciba subvenciones para señalar su deriva. Cuando se
alcance el final del camino será demasiado tarde para discutir
cuándo comenzó.
Tampoco
las siglas AIT nos hacen inmunes
Denunciar
esta evolución no significa declarar que quienes permanecemos en la
AIT poseemos una pureza garantizada.
También
nosotros podemos burocratizarnos.
Podemos
convertir los cargos en posiciones permanentes, utilizar la
experiencia como autoridad, ocultar información, sustituir el debate
por la disciplina y convertir nuestros principios en consignas
vacías.
Podemos
denunciar el centralismo ajeno mientras construimos pequeños
centralismos dentro de nuestros propios sindicatos. Podemos rechazar
a los profesionales mientras permitimos que siempre decidan las
mismas personas. Podemos hablar de acción directa y recurrir a
especialistas para evitar asumir colectivamente nuestras
responsabilidades.
Las
siglas AIT no son una vacuna contra el poder.
La
única protección posible es una vigilancia constante sobre nuestras
propias prácticas: rotación de responsabilidades, mandatos
concretos, revocabilidad inmediata, transparencia, socialización de
conocimientos y autonomía real de los sindicatos.
No
basta con haber permanecido en la AIT. Debemos demostrar diariamente
por qué lo hicimos.
Lo
que realmente está en juego
Este
conflicto no trata únicamente sobre unas siglas.
Trata
sobre la posibilidad de construir una organización capaz de combatir
el poder sin reproducirlo en su interior.
Trata
sobre si los sindicatos controlan a sus comités o los comités
terminan controlando a los sindicatos.
Trata
sobre si la experiencia se comparte o se convierte en autoridad.
Trata
sobre si la mayoría coordina la acción común o gobierna a la
minoría.
Trata
sobre si la eficacia está al servicio de los principios o si los
principios son sacrificados para alcanzar una supuesta eficacia.
Y
trata, finalmente, sobre nuestra capacidad para aprender de nuestra
propia historia.
La
CNT ya vivió una escisión provocada por quienes afirmaban que era
necesario adaptarse para crecer y actuar con mayor eficacia. De
aquella escisión surgió la CGT.
Décadas
después, la organización que había sobrevivido a aquella crisis
volvió a escuchar los mismos argumentos, aunque expresados mediante
otras propuestas. Volvió a fortalecer sus estructuras. Volvió a
identificar la discrepancia con la indisciplina. Volvió a dividirse.
Y volvió a pedir al Estado que determinara quién tenía derecho a
conservar el nombre.
De
aquellas lluvias, estos lodos.
Una
organización no es libertaria por llamarse libertaria.
No
es federalista porque lo afirmen sus estatutos.
No
practica la acción directa cuando entrega sus conflictos al Estado.
No
es horizontal cuando su aparato se sitúa por encima de sus
sindicatos.
No
deja de estar burocratizada porque sus profesionales cobren de las
cuotas en lugar de hacerlo de la patronal.
Y
no conserva los principios de la CNT únicamente porque un juez le
haya reconocido el derecho a utilizar sus siglas.
Las
palabras pueden seguir siendo anarquistas.
Lo
que importa son las acciones.